El sector inmologístico pide más transparencia, seguridad jurídica y agilidad para afrontar el nuevo marco eléctrico
- APPUNLE ha reunido a más de medio centenar de profesionales en una jornada dedicada a analizar el impacto de la nueva regulación eléctrica, el acceso a la red y las oportunidades de los Certificados de Ahorro Energético.
- La jornada ha concluido que la nueva normativa puede ayudar a liberar capacidad bloqueada en la red eléctrica, aunque persisten dudas sobre su aplicación práctica, la definición de los proyectos estratégicos y la seguridad jurídica para los promotores.
- El sector advierte de que no es suficiente con liberar potencia bloqueada, es necesaria también la inversión en redes, el almacenamiento, analizar el papel de las renovables y nucleares y la planificación eléctrica, entre otras.
La Asociación de Promotores, Propietarios y Usuarios de Naves Logísticas de España (APPUNLE) ha reunido a más de medio centenar de profesionales del sector inmologístico para abordar cómo la nueva regulación eléctrica y el mercado de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) pueden afectar a la actividad, la competitividad y la planificación energética de las plataformas logísticas en España.
La jornada ha dejado varias conclusiones clave para el sector. En primer lugar, que la nueva normativa busca liberar capacidad bloqueada en la red eléctrica, especialmente aquella vinculada a solicitudes que no responden a proyectos reales o suficientemente consolidados. En segundo lugar, que persisten dudas sobre su aplicación práctica, sobre la liberación efectiva de esa capacidad y sobre los criterios para determinar qué proyectos serán considerados estratégicos o de alta prioridad, una decisión que recaerá en una comisión ministerial. Asimismo, los expertos han señalado la singularidad de que estas medidas se hayan incorporado a un decreto anticrisis.
Junto a ello, el sector ha subrayado la necesidad de garantizar criterios transparentes y objetivos en el acceso y conexión a la red eléctrica; aprovechar el potencial de los CAE, el autoconsumo y el almacenamiento para mejorar la eficiencia y la competitividad de los activos.
También han subrayado que la liberación de potencia retenida aborda solo una parte del problema. Para dar una respuesta estructural a las necesidades energéticas del sector será necesario avanzar también en otras cuestiones clave como avanzar hacia una regulación más ágil y segura, acompañada de mayor inversión en infraestructuras eléctricas, analizar el papel de la energía nuclear, el peso de las renovables, y la planificación de las infraestructuras necesarias.
Nuevo escenario para el acceso a la red eléctrica
Durante el encuentro, Deloitte ha presentado el informe encargado por APPUNLE sobre las principales novedades regulatorias del sector eléctrico y su impacto real en la actividad logística.
Alberto González-Salas Mosquera, Partner | Energy & Industry Regulation - Deloitte Strategy, Risk & Transactions, ha presentado la primera parte del estudio, centrada en las consecuencias del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. También ha abordado el proyecto de real decreto sobre requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad de las instalaciones conectadas a las redes de transporte y distribución.
González-Salas ha destacado que el nuevo marco supone un cambio relevante en la forma de gestionar el acceso y conexión a la red eléctrica, al pasar de un modelo basado principalmente en el orden de llegada a otro que exige proyectos más maduros, definidos y con una planificación clara.
El representante de Deloitte también ha subrayado que la norma busca liberar capacidad bloqueada en la red, especialmente aquella vinculada a solicitudes que no responden a proyectos reales o suficientemente consolidados. No obstante, ha advertido de que persisten dudas sobre su aplicación práctica, sobre la liberación efectiva de capacidad y sobre los criterios para determinar qué proyectos serán considerados estratégicos o de alta prioridad, y que se van a determinar por una comisión ministerial.
Según ha explicado, esta nueva regulación obligará a los promotores a contar desde fases iniciales con un diseño eléctrico avanzado, cumplir hitos concretos y asumir una señal económica asociada a la reserva de capacidad. Esta exigencia puede tener un impacto especial en el desarrollo de plataformas logísticas, donde la definición eléctrica suele avanzar en paralelo al propio proyecto inmobiliario.
Los CAE, una oportunidad para movilizar inversión en eficiencia energética
Por su parte, Paula Murcia Pascual, Senior Manager de Deloitte, ha presentado la segunda parte del estudio, dedicada al Sistema de Certificados de Ahorro Energético: funcionamiento y oportunidades.
Murcia Pascual ha explicado que los CAE se consolidan como una herramienta con potencial para movilizar inversiones en eficiencia energética y generar nuevas oportunidades para empresas de distintos sectores, incluido el logístico e inmobiliario. Este sistema, complementario al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, permite acreditar ahorros reales derivados de actuaciones de eficiencia y convertirlos en un activo susceptible de compraventa.
La representante de Deloitte ha subrayado que, en el caso del sector logístico, el mayor potencial de los CAE se encuentra en actuaciones de rehabilitación o mejora de activos existentes, ya que el ahorro energético se calcula como la diferencia entre un consumo anterior y un consumo posterior a la actuación. Por ello, este sistema resulta especialmente aplicable a intervenciones sobre instalaciones ya en funcionamiento. Entre las actuaciones con potencial se encuentran el cambio a iluminación LED, la sustitución de equipos de refrigeración o ventilación, la mejora de la gestión energética de flotas, la implantación de sistemas de telemetría y la sustitución de vehículos de combustión por vehículos eléctricos.
El sector reclama transparencia, agilidad y seguridad jurídica
La jornada ha concluido con la mesa redonda“Conclusiones y afecciones a nuestro sector”, moderada por Jesús Mª Lacasia Purroy, secretario general de APPUNLE.
En ella han intervenido Alberto González-Salas Mosquera, Partner | Energy & Industry Regulation - Deloitte Strategy, Risk & Transactions; Juan José Vera, presidente de APPUNLE y CEO de Valfondo; José Julio Pérez, DC’s Energy Director de Merlin Properties; Miguel Ángel González Naranjo, socio asesor de Grupo Iberum; y Pablo Bernabé García, director de Operaciones de Dunas Capital Real Estate.
Durante el debate, los representantes del sector han coincidido en que la nueva normativa puede contribuir a ordenar un sistema marcado hasta ahora por problemas de planificación, opacidad y bloqueo de capacidad en la red. Sin embargo, han advertido de que su éxito dependerá de una aplicación transparente, ágil y alineada con la realidad de los desarrollos logísticos e industriales.
Los participantes han reclamado criterios objetivos para definir los proyectos estratégicos o de alta prioridad, mayor claridad sobre la capacidad real disponible en cada nodo, transparencia en el orden de prelación de las solicitudes y una supervisión efectiva de los procesos de acceso y conexión.
También han puesto el foco en los largos plazos de maduración de los desarrollos urbanísticos y logísticos, que en muchos casos superan los cinco años, y en el impacto que puede tener el pago anticipado asociado a la reserva de capacidad cuando la potencia solicitada no coincide finalmente con la contratada por los futuros usuarios o inquilinos.
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Rosa Arróspide –
